Activista social vinculada a las luchas por el derecho a la ciudad, la vivienda y los barrios populares de la Costa del Sol, con una trayectoria arraigada en el movimiento vecinal y en espacios de organización comunitaria. Fotógrafa profesional con estudios en Artes Plásticas, utilizo la imagen y la palabra como herramientas políticas para narrar la vida de la clase trabajadora, compaginando activismo y el trabajo obrero con la maternidad.
Disculpas al lector por entrar en la vida privada del alcalde José María García Urbano. Quien escribe entiende que nunca se debería juzgar a nadie por sus preferencias sexuales, siempre que queden en lo privado y no influyan en el ejercicio del poder público. Sin embargo, cuando presuntos abusos íntimos —denuncias archivadas por coacciones sexuales «repugnantes» a policías locales y un juicio por malversación (5.276 € a una «amiga íntima» sin realizar trabajo)— revelan un patrón que contamina políticas públicas, resulta inevitable analizar esta conexión para entender el daño a la ciudadanía.
Perversiones que pervierten el poder
Estos presuntos delitos privados demuestran desprecio por los vulnerables: coacciones sexuales, contrataciones irregulares para favorecer relaciones personales, adjudicaciones controvertidas como la Torre Mirador del Carmen (a una empresa ligada a la pareja de su hijo, investigada por prevaricación y tráfico de influencias) y su relación con el castillo de Monda, propiedad privada del alcalde alquilada para un controvertido hotel swinger. Esta cadena de decisiones dibuja una forma de ejercer el poder que mezcla intereses privados y recursos públicos hasta hacer indistinguible dónde acaba lo íntimo y empieza lo institucional.
Políticas que expulsan a la clase trabajadora
Los presupuestos destinan más a propaganda y velódromos que a vivienda social (solo 110 VPO en 14 años), rehúsan limitar 7.574 pisos turísticos que disparan alquileres un 190% (1.480 € por 80 m², porcentajes inasumibles del salario) y mantienen congeladas las ayudas de emergencia desde hace 15 años. Esta dinámica expulsa a vecinos y vecinas de Estepona, a la clase trabajadora en todo su espectro, que ve cómo su propia ciudad se vuelve inhabitable mientras se entrega a los fondos de los especuladores.
Un feudo donde falta la empatía
La «deuda cero» y 34,8 M€ en mantenimiento son logros que, aunque con mucho que decir sobre cómo se han alcanzado, podríamos aceptar como reales. Sin embargo, su renuncia personal al sueldo (1,3 M€ ahorrados) parece ocultar redes que privatizan suelo público para lujo, reflejando un desprecio que ignora movilizaciones vecinales igual que desoye denuncias íntimas. Tal vez deberíamos habernos dado cuenta cuando consideró como algo normal alquilar el castillo de su propiedad en Monda a una empresa que gestiona hoteles swingers. Estos presuntos abusos privados prueban cómo pervierte el poder público, condenando Estepona a ser colonia de élites.
Urge unidad cívica: a estos caciques se les pilla por su exceso, pero caen por presión popular.
