El Ayuntamiento de Estepona aprobó ayer por unanimidad ofrecer al Gobierno central seis parcelas municipales con capacidad para construir 109 VPO (viviendas de protección oficial). La medida busca atraer parte de los 23.000 millones de euros prometidos por Pedro Sánchez para vivienda social, aunque el debate del pleno evidenció profundas discrepancias sobre quién tiene la responsabilidad real de solucionar la crisis habitacional que obliga a jóvenes y familias trabajadoras a abandonar el municipio.
El alcalde, José María García Urbano (PP), presentó la propuesta como una respuesta directa al anuncio del presidente Sánchez de movilizar 23.000 millones de euros para financiar la construcción de 15.000 viviendas sociales al año en toda España. El objetivo del Consistorio es que Estepona figure entre los municipios beneficiarios de esa inversión estatal.
Las seis parcelas ofrecidas están distribuidas en tres zonas del término municipal: dos en Casas del Padrón (con capacidad para 22 y 23 viviendas), dos en Llanos de la Boladilla (9 y 17 viviendas) y dos en Camino de Cortes (17 y 21 viviendas).
La propuesta del equipo de gobierno
García Urbano explicó que, si el Gobierno central acepta el ofrecimiento, el Ayuntamiento iniciará el procediente administrativo necesario —ya sea mediante cesión, mutación demanial u otro mecanismo jurídico— para hacer efectiva la operación. El alcalde insistió en que esta medida forma parte de un paquete más amplio de iniciativas en materia de VPO, entre las que se incluyen la licitación de parcelas para 199 viviendas en Camino de Cortes Norte y la cesión a coste cero de suelos para 738 VPO aprobada por unanimidad en el pleno de febrero.
El regidor reconoció la existencia de otros modelos posibles —cooperativas, partidas presupuestarias propias, iniciativa pública directa—, aunque descartó la creación de una empresa municipal de vivienda al considerar que ese modelo “arruinó esta ciudad” en el pasado.
El PSOE: “16 años y solo 110 viviendas”
La portavoz socialista, Enma Molina, fue la más contundente en su crítica. Recordó que fue el grupo del PSOE quien propuso en su día destinar suelos dotacionales a VPO, y acusó al equipo de gobierno de acumular 16 años de gestión con resultados muy escasos: apenas 110 viviendas protegidas ejecutadas, frente a las 300 que el Partido Socialista construyó en solo cinco años a través de la empresa municipal de vivienda, a un precio medio de 80.000 euros por unidad.
Molina cuestionó también la ubicación de todas las parcelas ofrecidas, situadas en la periferia del municipio, y denunció que los ciudadanos que llaman al Ayuntamiento para preguntar por las listas de espera de VPO no encuentran ningún interlocutor que les responda. La solución, según la socialista, pasa por reactivar la empresa municipal de vivienda y destinar fondos propios del presupuesto municipal, especialmente cuando el Consistorio afirma contar con un superávit de 40 millones de euros, 90 millones en caja y 165 millones en remanentes.
VOX: “Esto no es una solución, son titulares”
El portavoz de VOX, Manuel Aguilar, coincidió en el escepticismo, aunque desde otro ángulo. Calificó la propuesta de “moción política” diseñada para trasladar la responsabilidad al Gobierno de Sánchez cuando este incumpla sus compromisos. Aguilar desgranó los números de la gran operación VPO aprobada en febrero: construir 738 viviendas en 36 parcelas costaría como mínimo 100 millones de euros, lo que implicaría una cuota mensual de 894 euros para amortizar el préstamo en 75 años —y eso sin contar gastos de mantenimiento de los edificios durante ese período—, muy lejos del precio asequible prometido.
Aguilar reclamó, en la misma línea que el PSOE, una partida presupuestaria municipal directa e inmediata para iniciar la construcción de viviendas sociales sin depender de terceras administraciones. “Nuestros hijos tienen que abandonar su pueblo por el precio de compra y alquiler, y esto no se lo vamos a perdonar”, afirmó el portavoz de VOX.
El concejal no adscrito apoya la iniciativa
El concejal independiente Benítez votó a favor al considerar que ofrecer suelo público al Gobierno central “es una decisión acertada” y que la colaboración entre administraciones es imprescindible para resolver un problema de carácter estructural. Sin embargo, fue crítico con el Ejecutivo de Sánchez, al que acusó de llevar ocho años sin adoptar medidas efectivas para solucionar la crisis de vivienda en los municipios españoles, especialmente en la Costa del Sol.
Benítez también cuestionó que el PSOE local hubiera retirado, justo antes de este debate, una moción propia sobre los incumplimientos municipales en materia de VPO, señalando que “la realidad desmiente su planteamiento”.
Un problema que empuja a los vecinos fuera del municipio
Todos los grupos coincidieron en el diagnóstico: los jóvenes y las familias trabajadoras de Estepona no pueden comprar ni alquilar una vivienda a precios de mercado y están siendo expulsados del municipio. El precio de la vivienda nueva en la zona supera con creces los 300.000 euros, y el mercado del alquiler acumula una tensión similar a la del resto de la Costa del Sol Occidental.
La situación es especialmente paradójica en un municipio que ha multiplicado su población y su atractivo turístico e inmobiliario en las dos últimas décadas, pero que no ha sido capaz de garantizar el acceso a la vivienda de sus propios residentes.
Próximos pasos
Con el ofrecimiento aprobado de forma unánime, el Gobierno central deberá comunicar si acepta o rechaza las seis parcelas. En caso afirmativo, el Ayuntamiento iniciará el procedimiento jurídico-administrativo de cesión efectiva del suelo.
De forma paralela, el Consistorio tiene en marcha otras iniciativas: la tramitación de la licencia de obras para 117 VPO en Camino de Cortes —promovidas por la Fundación Vimpyca—, la licitación de suelos para 199 viviendas adicionales en Camino de Cortes Norte, y proyectos en tramitación para 300 viviendas en Camino de Monterroso y 800 más en las zonas de Guadalobón y Arroyo Vaquero.
Los ciudadanos interesados en las listas de espera de vivienda protegida pueden consultar el estado de los expedientes en la web oficial del Ayuntamiento de Estepona: ayuntamiento.estepona.es.
