El Ayuntamiento de Estepona ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda tras quedar excluido del reparto del Plan EDIL 2021-2027, perdiendo así una financiación de 20 millones de euros destinada a convertir la ciudad en un referente verde y sostenible en la Costa del Sol.
La decisión del Gobierno central, comunicada en la resolución definitiva publicada el pasado 16 de enero, ha generado un profundo malestar en el consistorio esteponero, que considera «injustificable» haber sido rechazado por «falta de solvencia económica» cuando el municipio presenta deuda cero, superávit histórico y está al corriente de todas sus obligaciones fiscales.
Un proyecto de continuidad verde rechazado
El plan presentado por Estepona, denominado «Estepona, Jardín de la Costa del Sol, ciudad verde y sostenible», solicitaba 17 millones de euros de fondos FEDER (85% del total) más 3 millones de aportación municipal (15%) para desarrollar actuaciones que consolidarían la transformación urbana iniciada hace más de una década.
El proyecto incluía la creación de corredores fluviales, rehabilitación energética de edificios públicos, instalación de sistemas fotovoltaicos municipales, nuevas zonas verdes, proyectos culturales como el Mirador del Carmen, iniciativas deportivas y revitalización de espacios comerciales y urbanos.
Esta propuesta daba continuidad a la estrategia «Jardín de la Costa del Sol» que desde 2012 ha supuesto la inversión de más de 12,5 millones de euros municipales en la remodelación de 120 calles y plazas del municipio.
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La paradoja de la solvencia
El motivo oficial del rechazo —presunta falta de capacidad financiera— ha generado perplejidad en el Ayuntamiento, que esgrime datos contundentes para rebatir esta valoración.
Estepona presenta actualmente una situación económica envidiable entre los municipios españoles: ha liquidado completamente la deuda heredada de gobiernos anteriores, mantiene un superávit récord, gestiona el presupuesto más alto de su historia (132 millones de euros en 2026) y está al día con Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Además, el municipio demostró su capacidad de gestión ejecutando el 90% de los 10 millones de euros concedidos en la anterior convocatoria FEDER-EDUSI de 2016, una tasa muy superior a la media nacional.
«Es incomprensible que se nos rechace por falta de solvencia cuando tenemos deuda cero y hemos demostrado nuestra capacidad de ejecución en convocatorias anteriores», señalan fuentes municipales cercanas al proceso.
El recurso: última vía administrativa
La teniente de alcalde del Área Económica, Ana Vilaseca, lidera la preparación del recurso contencioso-administrativo que debe presentarse ante los tribunales en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la resolución definitiva, es decir, antes del 16 de marzo.
El Ayuntamiento ya presentó alegaciones a la resolución provisional publicada en octubre de 2025, pero fueron desestimadas por el Ministerio sin explicaciones adicionales sobre los criterios de puntuación aplicados.
Según la normativa de la convocatoria, los proyectos debían superar un mínimo de 50 puntos sobre 100 en criterios que incluían planificación integrada, capacidad transformadora, gobernanza, viabilidad técnica y, crucialmente, capacidad financiera y administrativa.
El consistorio cuestiona cómo un municipio con su situación económica pudo obtener una puntuación insuficiente en este apartado cuando objetivamente presenta mejores indicadores que muchos de los 242 municipios seleccionados en toda España.
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Un patrón nacional de descontento
Estepona no es el único municipio que ha decidido recurrir. La convocatoria del Plan EDIL, que distribuyó 1.774 millones de euros entre 971 municipios españoles, ha dejado fuera a grandes ciudades y ayuntamientos con amplia capacidad de gestión.
En la Comunidad Valenciana, 26 municipios fueron rechazados, incluyendo ciudades como Alicante, Elche, Oviedo y Gandía, la mayoría por «puntuación insuficiente». Burriana presentó alegaciones cuestionando los criterios aplicados, mientras que Baena (Córdoba) anunció que «agotará todas las vías de recurso».
Zamora quedó como la única ciudad de Castilla y León completamente excluida, sin siquiera entrar en la lista de reserva. Incluso Valencia, pese a ser seleccionada, criticó públicamente que «los ayuntamientos no son respetados desde el Ministerio de Hacienda».
Implicaciones para Estepona
La exclusión de estos fondos supone un revés significativo para la estrategia de desarrollo sostenible que Estepona ha consolidado como seña de identidad en la última década y media.
Los 20 millones de euros habrían permitido acelerar proyectos de eficiencia energética, movilidad sostenible y recuperación de espacios naturales que ahora deberán financiarse exclusivamente con recursos municipales o quedar aplazados.
El alcalde José María García Urbano ha sido especialmente activo en redes sociales comunicando la decisión de recurrir, subrayando que se trata de una «injusta decisión» que penaliza un modelo de gestión municipal ejemplar.
Próximos pasos
En las próximas semanas, el equipo jurídico del Ayuntamiento ultimará el recurso contencioso-administrativo que será presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El procedimiento judicial incluirá una fase de prueba donde Estepona deberá presentar evidencia técnica comparativa con otros municipios seleccionados, análisis de los criterios de evaluación aplicados y documentación que acredite su solvencia económica y capacidad de gestión.
La resolución judicial podría no llegar hasta el tercer o cuarto trimestre de 2026, según los plazos habituales de este tipo de procedimientos administrativos.
Mientras tanto, el caso de Estepona se ha convertido en un test importante sobre la transparencia y justificación de criterios en la asignación de fondos europeos a nivel nacional, con implicaciones que podrían sentar precedente para decenas de municipios en situación similar.
