El Ayuntamiento de Estepona ha rechazado este jueves una moción de reprobación contra el alcalde, José María García Urbano, por la contratación como asesora de una persona con la que presuntamente mantenía una relación de «estrecha amistad» y que habría percibido retribuciones públicas sin constancia de trabajo efectivo, según expuso el grupo proponente citando el auto judicial que investiga el caso.
La propuesta, presentada por el Grupo Municipal Socialista y defendida por la concejala Emma Molina, solicitaba además que el regidor abonara el coste íntegro de la contratación y presentara su dimisión. La votación arrojó 2 votos a favor (PSOE), 3 abstenciones (VOX) y el voto en contra del Partido Popular y un concejal no adscrito, lo que supuso el rechazo de la iniciativa.
Un procedimiento judicial en curso
El debate se produce mientras el Juzgado de Instrucción continúa investigando los hechos por un presunto delito de malversación. La contratación objeto de la causa se produjo entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023, periodo en el que la asesora, adscrita al área de Control Externo, habría percibido más de 5.000 euros.
Según expuso Molina durante su intervención, citando el contenido del auto judicial, en este se indicaría que «no consta prestación efectiva de servicios, dependencia funcional ni actividad profesional documentada» durante el periodo retribuido. La defensa del alcalde solicitó el archivo de las actuaciones, petición que fue denegada, optando el juzgado por continuar la tramitación a través del procedimiento del Tribunal del Jurado.
La concejala socialista también destacó que García Urbano ha consignado en la tesorería municipal 5.276,92 euros, correspondientes al importe neto percibido por la empleada. Para el PSOE, esta devolución «resulta difícilmente compatible con la plena regularidad del procedimiento», ya que —argumentó— si el contrato se ajustaba a derecho, «no se alcanza a comprender las razones por las que se procede a la devolución».
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El PSOE: «Hay pruebas evidentes»
Emma Molina detalló durante el pleno diversos elementos que, a su juicio, acreditan la ausencia de trabajo efectivo. Según su exposición, dos informes del técnico municipal de personal confirman que la contratada no tenía acceso al sistema informático Gestiona, a diferencia del resto de asesores adscritos a esa área.
«No tenía mesa, no tenía ordenador, no hay ningún informe realizado durante ese mes y medio», afirmó la concejala, que también aludió a conversaciones de WhatsApp aportadas a la causa que, según indicó, situarían a la asesora en Córdoba durante el periodo de contratación.
La portavoz socialista reprochó al PP que desviara el debate hacia la gestión municipal: «Aquí no estamos reprobando al partido, estamos reprobando al alcalde porque lo que ha hecho presuntamente es malversar dinero público para intereses personales».
VOX: «Todavía no es el momento, pero llegará»
El portavoz de VOX, Manuel Aguilar, justificó la abstención de su grupo apelando al artículo 77 de los estatutos del Partido Popular, que establece la apertura del juicio oral como momento para apartar a un cargo público. «Eso aún no ha pasado», reconoció.
Sin embargo, Aguilar fue especialmente crítico con el alcalde durante su intervención. Detalló que la persona contratada habría recibido previamente transferencias de entre 1.000 y 4.000 euros mensuales desde la cuenta personal de García Urbano durante al menos 13 meses, información que, según el concejal, constaría en la causa judicial. Dichos pagos habrían concluido en enero de 2023, un mes antes de su contratación municipal.
«Si nos pregunta si tenemos algo que reprocharle, está claro que sí», admitió el portavoz de VOX, que interpretó la devolución económica del alcalde como una estrategia para acogerse al artículo 434 del Código Penal, que permite reducir la pena si se repara íntegramente el perjuicio antes del juicio oral. «Es jurídicamente muy inteligente, pero socialmente no tanto», valoró.
Aguilar advirtió de que, cuando se decrete la apertura del juicio oral, su grupo exigirá la dimisión «por todas las vías»: «Nosotros entendemos que se puede pasar del sillón de la alcaldía al banquillo, pero no se puede pasar del banquillo al sillón de la alcaldía».
El portavoz también criticó que los problemas judiciales del alcalde estén afectando a la gestión municipal, citando cuestiones pendientes como el colapso del tráfico, la falta de vivienda social o las carencias en instalaciones deportivas.
El PP defiende al alcalde y cuestiona a la denunciante
El portavoz del Partido Popular, Blas Ruzafa, intervino en defensa del alcalde centrando buena parte de su argumentación en cuestionar la credibilidad de la denunciante. Según afirmó, esta persona habría formulado dos denuncias previas contra el alcalde que fueron archivadas por el juzgado.
«La legitimidad y la credibilidad de esta señora no son gran cosa», sostuvo Ruzafa, que calificó la moción de «infame» y expresó su confianza en que «la verdad prevalezca» cuando concluya el procedimiento judicial.
El portavoz popular dedicó gran parte de su intervención a destacar la gestión económica del alcalde desde 2011, recordando que el Ayuntamiento arrastraba entonces una deuda de 300 millones de euros y un periodo medio de pago a proveedores de más de cuatro años. «Este alcalde ha sido el artífice del milagro económico de esta ciudad», defendió.
Emma Molina replicó que Ruzafa había «obviado» mencionar su propia declaración en sede judicial, donde —según la concejala socialista— el portavoz del PP reconoció que solo había visto a la asesora «una vez» y que esta «simplemente hablaba con el alcalde y le reportaba información».
Situación judicial y próximos pasos
El caso continúa su tramitación judicial tras la denegación del archivo solicitado por la defensa. La apertura del juicio oral, momento que VOX ha señalado como determinante para modificar su posición, aún no tiene fecha fijada.
Además de este procedimiento por presunta malversación, durante el pleno se mencionó la existencia de otras diligencias abiertas en un juzgado diferente por una denuncia de la Fiscalía relacionada con un presunto delito de prevaricación.
El alcalde, José María García Urbano, no intervino personalmente en el debate.
