Setenta y dos familias de Estepona se encuentran en una situación límite: sus viviendas de la promoción Alma están terminadas desde junio de 2025, pero no pueden ocuparlas por falta de suministro eléctrico. El conflicto ha desembocado en una batalla de responsabilidades entre el Ayuntamiento, Endesa y la oposición política, mientras los afectados convocan una manifestación este viernes 16 de enero frente al Consistorio.
La promoción Alma de Estepona, situada en pleno centro urbano en la rotonda que conecta la avenida Juan Carlos I con el polígono industrial, se ha convertido en el símbolo de un problema urbanístico que mantiene en vilo a decenas de familias. Las viviendas, completamente finalizadas hace siete meses, permanecen vacías mientras compradores que vendieron sus anteriores hogares malviven de alquileres temporales o en casas de familiares.
El origen del conflicto: una cronología de errores
El problema se remonta a 2021, cuando el Ayuntamiento de Estepona inició los trámites de reserva de potencia eléctrica para urbanizar el sector de La Calera mediante el sistema de cooperación, según el cual el Consistorio es responsable de desarrollar las infraestructuras. Sin embargo, según Endesa, esta solicitud nunca se completó con la documentación requerida.
Un año después, en 2022, el Ayuntamiento otorgó la licencia de obras a la promotora Grupo ACP Level, que comenzó la construcción y venta de las viviendas. Las obras finalizaron en junio de 2025, y los compradores realizaron las visitas de cortesía esperando mudarse en breve.
La sorpresa llegó en octubre de 2025: la promotora no podía obtener la licencia de primera ocupación porque no disponía del suministro eléctrico necesario. Según los afectados, el Ayuntamiento no realizó la petición oficial formal a Endesa hasta finales de diciembre de 2024, cuando la compañía eléctrica ya había establecido una suspensión para solicitudes superiores a un megavatio por el agotamiento de la capacidad de la red en la Costa del Sol.
Tres versiones enfrentadas
La posición de Endesa sostiene que el Ayuntamiento inició los trámites en 2021 pero nunca entregó la documentación inicial completa solicitada, por lo que el expediente no llegó a tramitarse. La compañía defiende que suspendió en agosto de 2024 las solicitudes superiores a 1.000 kW debido al colapso de la infraestructura eléctrica en la Costa del Sol.
El alcalde José García Urbano ha atribuido la responsabilidad a Endesa y al Gobierno central, aunque no se han hecho públicas declaraciones oficiales detalladas del primer edil sobre el caso.
La oposición municipal, representada por la concejala del PSOE Emma Molina, responsabiliza directamente al alcalde. «Cuando apruebas los instrumentos urbanísticos y desarrollas los sectores, y das las licencias, debes saber si todos los suministros cumplen para desarrollar ese sector y si tiene la suficiente capacidad», declaró Molina en redes sociales. La concejala socialista acusa a García Urbano de «echar balones fuera» en lugar de asumir la responsabilidad municipal.
¿Quién tiene la responsabilidad legal?
Según el marco normativo español, los ayuntamientos tienen la obligación de verificar que exista capacidad de suministros básicos antes de conceder licencias de obras y desarrollar urbanizaciones. En el sistema de cooperación, como es el caso del sector La Calera, el Consistorio es el responsable directo de coordinar con las distribuidoras eléctricas la reserva de potencia necesaria.
La argumentación sobre la responsabilidad del Gobierno central carece de fundamento legal, ya que las competencias sobre distribución eléctrica de esta envergadura (poco más de 1 MW) corresponden al ámbito autonómico y local, no al estatal. El Gobierno central sólo tiene competencias sobre instalaciones eléctricas superiores a 50 MW.
Por su parte, Endesa está obligada según el Real Decreto 222/2008 a garantizar la acometida en suelo urbano hasta que la zona disponga de distribución con capacidad suficiente. Sin embargo, la compañía justifica técnicamente la suspensión por el colapso físico de la red en la Costa del Sol.
La paradoja urbanística
La situación se agrava por una paradoja administrativa que indigna a los afectados: existen sectores ya urbanizados en Estepona, sin construir, que albergarían aproximadamente 700 viviendas y que tendrían prioridad sobre la promoción Alma. Además, el Ayuntamiento dispone de una parcela en el sector afectado destinada a viviendas de protección oficial que tampoco tendría suministro eléctrico.
«Nos meten en el mismo saco que un nuevo desarrollo en la Costa del Sol, cuando lo nuestro es un desarrollo antiguo de 2021, no nuevo», explicó Paco López, uno de los afectados, en declaraciones a la Cadena SER. López y su esposa Rosario son una pareja de jubilados que vendieron su casa en La Mancha para estar cerca de su hija en Estepona.
Casos dramáticos de familias en el limbo
Los testimonios de los afectados reflejan situaciones desesperadas. Natalia vendió su anterior vivienda y lleva meses «de casa en casa de familiares y amigos». Charo y José María pagan «un alquiler innecesario» mientras su piso nuevo permanece vacío. Algunos compradores incluso adquirieron ya los muebles para sus hogares, que esperan en almacenes.
En octubre de 2025, los afectados constituyeron la Asociación de Damnificados de las Viviendas Alma de Estepona (ADAVE) para coordinar acciones legales y presionar por una solución. «Por activa y por pasiva no hemos conseguido tener una reunión con Endesa, que son los únicos que nos pueden dar la energía eléctrica», lamenta López.
Según los afectados, la promotora está presionando a los compradores para que elijan entre «renunciar a su vivienda o escriturarla sin licencia de ocupación y no poder habitarla».
Manifestación y próximos pasos
La Asociación ha convocado una manifestación para este viernes 16 de enero a las 11:00 horas frente al Ayuntamiento de Estepona. A las 14:30 horas ofrecerán una rueda de prensa para explicar su situación y las acciones legales previstas.
El Ayuntamiento ha colaborado recientemente con la asociación solicitando a Endesa que evite aplicar la «línea roja» de suspensión a esta promoción, petición que la compañía eléctrica habría aceptado estudiar. Sin embargo, los afectados denuncian que no logran establecer comunicación directa con la distribuidora eléctrica para conocer plazos concretos.
El caso de la promoción Alma se enmarca en un contexto de crecimiento exponencial de Estepona, que ha pasado de 67.000 habitantes censados en 2011 a 80.000 en 2025, generando una presión sin precedentes sobre las infraestructuras municipales.
