Según fuentes de otros diarios digitales, siete personas han sido detenidas en Málaga tras una exhaustiva investigación que revela cómo un ex director financiero y un administrador concursal desvió más de 100 millones de euros de una empresa constructora en quiebra, mediante la venta fraudulenta de propiedades en Estepona y otras localidades de la Costa del Sol a precios muy por debajo del mercado. Las autoridades descubrieron que las ventas se realizaban a través de empresas vinculadas a los detenidos, provocando pérdidas millonarias y la imposibilidad de pagar a los acreedores.
La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal que operaba desde una empresa constructora malagueña en quiebra, despojando a los acreedores de millones de euros y propiedades. El caso comenzó a gestarse en 2017, cuando las empresas del grupo, en crisis financiera, iniciaron su proceso de concurso de acreedores. Según los investigadores, el ex director financiero de la compañía y el administrador concursal encargado del proceso trabajaron en conjunto para desviar activos de la empresa.
Operación ilícita bajo el disfraz de un concurso de acreedores
La trama empezó a desvelarse en septiembre de 2023, tras una denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga. La Fiscalía especializada en delitos económicos y la Policía Nacional comenzaron a investigar las sospechosas operaciones de venta de bienes que se realizaban a precios muy bajos. Entre los activos desviados, destacaron las propiedades ubicadas en Estepona, en la Costa del Sol, donde varios inmuebles en obras fueron vendidos a empresas vinculadas a los implicados a precios que rondaban los 70.000 euros, muy por debajo de su valor real.
Además, las investigaciones revelaron que otros bienes, como plazas de garaje, fueron vendidos por solo 1.500 euros, a pesar de que su precio de mercado era considerablemente mayor. Los investigadores sostienen que los implicados no solo vendieron estas propiedades a precios irregulares, sino que también ocultaron la información de manera deliberada para impedir que otros compradores legítimos pudieran acceder a ellas.
Empresas fantasma y facturación fraudulenta
Para ejecutar su plan, los detenidos crearon empresas a nombre de familiares cercanos, a través de las cuales simularon ofrecer servicios a la empresa en quiebra. A cambio, emitieron facturas que permitieron el regreso del dinero a la red, que luego lo utilizó para adquirir inmuebles, activos y créditos de la propia empresa en concurso. En estos procesos fraudulentos, la compañía sufrió una doble pérdida: se quedaban con los bienes y además utilizaban los fondos destinados a saldar deudas para pagar esas compras irregulares.
También le podría interesar: Estepona se posiciona entre los municipios con mayor crecimiento poblacional en la provincia de Málaga
Detenciones y registros
A lo largo de la investigación, la Policía Nacional detuvo a siete personas, entre ellas el antiguo jefe de contabilidad de la empresa, varios familiares de los involucrados, un proveedor habitual de la compañía y su pareja. Durante los registros efectuados en varios puntos de la provincia de Málaga, se incautaron más de 400.000 euros en efectivo, joyas por valor de 350.000 euros y un coche de lujo. Además, se bloquearon cuentas bancarias con unos 2,5 millones de euros y se prohibió la venta de 173 inmuebles y 13 vehículos, cuyo valor total se estima en 143 millones de euros.
El impacto en los acreedores
Según el informe del administrador concursal, la empresa en quiebra contaba con un patrimonio de aproximadamente 200 millones de euros. Sin embargo, al concluir el proceso de liquidación, los recursos disponibles no fueron suficientes para satisfacer las deudas de los acreedores. La investigación concluyó que los bienes fueron desviados por los miembros de la red criminal, lo que dejó a los acreedores sin la posibilidad de recuperar su dinero
La operación llevada a cabo por la Policía Nacional destapa una trama de corrupción financiera que, a través de prácticas ilegales y fraudulentas, permitió a los detenidos apropiarse de millones de euros en propiedades y activos. La investigación continúa en curso, y las autoridades han prometido tomar medidas para asegurar que los implicados enfrenten la justicia por los delitos cometidos. Mientras tanto, los acreedores de la empresa siguen luchando por recuperar sus pérdidas en medio de este escándalo económico.
