- El PP andaluz confirma un “expediente informativo abierto” sobre el primer edil, José María García Urbano.
- Un tribunal de Estepona ha ordenado abrir juicio oral contra el alcalde por una contratación presuntamente irregular de 46 días.
El Partido Popular de Andalucía (PP-A) ha confirmado este martes la existencia de un expediente informativo abierto al alcalde de Estepona, José María García Urbano, tras decretarse la apertura de juicio oral en su contra. La dirección autonómica de la formación ha aclarado que el estudio y avance de este procedimiento disciplinario interno quedará estrictamente supeditado a la evolución judicial del caso, que investiga una presunta contratación ilícita en el Ayuntamiento esteponero.
El origen del procedimiento se encuentra en la contratación de una persona en el Ayuntamiento de Estepona por un periodo temporal de 46 días. Según recoge la investigación en curso, durante este lapso de tiempo el empleado contratado supuestamente no habría desempeñado trabajo alguno para la administración local.
Ante la gravedad de los indicios, la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona ha acordado de manera formal abrir juicio oral contra el regidor. A García Urbano se le acusa de un presunto delito de prevaricación, en concurso con otro delito de malversación, derivados de la firma y gestión de esta alta laboral en el Consistorio.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha aprovechado una rueda de prensa para fijar la postura oficial de la formación respecto a la situación de su alcalde. Repullo ha subrayado que los tiempos del partido estarán marcados por la Justicia, indicando que “en función de la evolución del procedimiento judicial, se procederá al estudio y avance” de dicho expediente informativo.
Rechazando precipitar decisiones, el número dos del PP andaluz ha zanjado el asunto asegurando que “ahora mismo no tenemos ninguna noticia más que dar en ese sentido”. Del mismo modo, ha recordado que el órgano estatutario encargado de evaluar la situación y dictaminar posibles responsabilidades políticas “en su momento” será el Comité de Derechos y Garantías del partido.



