El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde, José María García Urbano.
La Fiscalía le atribuye un presunto delito de prevaricación en concurso con malversación por contratar a una mujer durante 46 días en 2023.
La Fiscalía solicita un año y once meses de prisión y cinco años y once meses de inhabilitación; el alcalde niega cualquier irregularidad.
El alcalde de Estepona, José María García Urbano, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Málaga tras la apertura de juicio oral decretada por la plaza número 5 de la Sección Civil y Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona. La causa se relaciona con la contratación de una mujer como personal eventual del Ayuntamiento durante 46 días, entre febrero y marzo de 2023, por los presuntos delitos de prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos.
La resolución, fechada el 10 de noviembre y conocida este miércoles, llega después de que la Fiscalía de Málaga y dos acusaciones particulares solicitaran la celebración del juicio contra García Urbano y la mujer contratada. El juzgado considera que, al haberlo pedido el Ministerio Público o una acusación, procede abrir juicio oral salvo que concurra un motivo de sobreseimiento, circunstancia que no aprecia en este caso.
Desarrollo de los hechos y detalles técnicos
Según el escrito de la Fiscalía, el alcalde contrató a la trabajadora mediante un decreto de Alcaldía de 13 de febrero de 2023, bajo la figura de funcionaria eventual y adscrita al Área de Control Externo del Consistorio. La Fiscalía sostiene que García Urbano actuó presuntamente con conocimiento de que la mujer no desempeñaría actividad laboral alguna, pese a mantener con ella una relación sentimental.
Durante los 46 días de contrato, la trabajadora percibió, según la acusación, 1.634,64 euros en febrero y 3.642,28 euros en marzo, un total de 5.276 euros. El Ministerio Público considera que esas cantidades se abonaron sin contraprestación laboral efectiva y que generaron un perjuicio para el patrimonio municipal.
La Fiscalía solicita para el regidor un año y once meses de prisión y cinco años y once meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo. Para la mujer contratada, eleva su petición a cuatro años y seis meses de prisión, frente a los tres años y medio solicitados inicialmente.
La acusación ejercida por el PSOE pide para García Urbano cinco años y medio de prisión y diez años de inhabilitación, además de dos años de cárcel para la trabajadora. La otra acusación particular dirige su acción únicamente contra el alcalde.
El escrito fiscal también recoge que García Urbano ingresó en la Tesorería Municipal 5.276 euros en noviembre de 2026, correspondientes a las retribuciones percibidas por la trabajadora, y otros 2.589 euros en junio de ese mismo año por los gastos de cotización a la Seguridad Social.
Declaraciones y contexto municipal
García Urbano ha reiterado su «plena confianza» en la Justicia y ha pedido que el procedimiento se celebre «lo antes posible» para demostrar, según su defensa, que no se cometió ningún delito ni irregularidad en la contratación. El alcalde sostiene que la mujer fue incorporada como cargo de confianza.
La defensa del regidor alega que durante la instrucción se aportaron informes del departamento municipal de Recursos Humanos que acreditarían las funciones del puesto y los servicios efectivamente prestados. También señala que se incorporaron testimonios que corroborarían la asistencia de la empleada al Ayuntamiento y las tareas desarrolladas durante el periodo contratado.
Los abogados del alcalde recuerdan que el origen del procedimiento se encuentra en declaraciones de la trabajadora como testigo en otra causa contra García Urbano, archivada de forma firme por la Audiencia Provincial de Málaga. La defensa sostiene que una posterior denuncia por los mismos hechos también fue archivada definitivamente y considera que el actual procedimiento responde a una «estrategia de desgaste político y personal.
Datos de servicio
La vista oral se celebrará ante la Audiencia Provincial de Málaga, órgano declarado competente para conocer y resolver la causa. La apertura de juicio oral no supone una condena ni determina la culpabilidad de los acusados, que podrán defenderse durante el procedimiento.
La causa afecta a la contratación realizada entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023 en el Ayuntamiento de Estepona. La Fiscalía mantiene su acusación por prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos, mientras que las acusaciones particulares solicitan penas superiores para el regidor.
