Claves de la noticia
- La causa investiga la contratación como personal eventual durante 46 días de una mujer en las dependencias municipales a principios de 2023.
- La defensa del regidor rechaza cualquier ilícito, acredita la asistencia laboral mediante informes de Recursos Humanos y califica el proceso como una maniobra de desgaste político.
La Fiscalía Provincial de Málaga ha formalizado un nuevo escrito de calificación en el que rebaja a un año y once meses de prisión (23 meses) y cinco años y once meses de inhabilitación especial la petición de pena para el alcalde de Estepona, José María García Urbano. La causa, tramitada en los juzgados tras acomodarse al procedimiento abreviado por orden de la Audiencia Provincial, investiga la designación en el Ayuntamiento de una persona vinculada sentimentalmente con el regidor durante 46 días a comienzos de 2023, periodo en el que la acusación pública sostiene que no llegó a prestar servicios efectivos en la administración local.
Desarrollo de los hechos y calificaciones jurídicas
El nuevo escrito del Ministerio Fiscal atribuye a García Urbano un delito de prevaricación administrativa cometido por autoridad en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos. Esta reformulación reduce notablemente la solicitud inicial de cinco años y medio de cárcel, una vez que la Audiencia de Málaga revocó la instrucción por la vía del Tribunal del Jurado y ordenó tramitar el expediente como procedimiento abreviado.
Los hechos se remontan al decreto de Alcaldía rubricado el 13 de febrero de 2023 en la Casa Consistorial, mediante el cual se formalizó la contratación de la procesada como funcionaria eventual, cesando el 31 de marzo de ese mismo ejercicio. Durante esas semanas, la investigada percibió 1.634 euros en la nómina de febrero y 3.642 euros en la de marzo, sumando un total de 5.276 euros que el fiscal califica como desembolso sin contraprestación para las arcas municipales. El escrito precisa que las cantidades abonadas, junto a los 2.589 euros correspondientes a las cotizaciones de la Seguridad Social, fueron reintegradas íntegramente por el regidor en la Tesorería Municipal para cubrir los costes originados.
Por su parte, la Fiscalía agrava la petición de condena para la mujer contratada, para quien solicita cuatro años y medio de prisión, un año más que en su escrito precedente. En cuanto a las demás partes personadas, la acusación particular ejercida por el PSOE ha elevado su pretensión hasta los cinco años y medio de cárcel y diez años de inhabilitación para el alcalde esteponero.
La defensa esgrime informes técnicos y denuncia persecución política
La representación procesal de José María García Urbano ha anunciado la presentación de un nuevo recurso frente a la resolución judicial, reiterando que no concurre indicio de delito alguno que justifique sentar al alcalde en el banquillo. Los letrados destacan que el expediente cuenta con informes oficiales del departamento municipal de Recursos Humanos que acreditan la cobertura del puesto, el servicio prestado y las tareas asignadas, a lo que se suman testificales de empleados públicos que certificaron su presencia continuada en el Ayuntamiento.
El equipo legal del regidor subraya la «absoluta tranquilidad» ante el procedimiento y recuerda que la causa tiene su origen en el testimonio prestado por esta persona en un litigio previo que ya fue archivado de manera firme por la Audiencia Provincial al no apreciarse veracidad en las imputaciones. Desde la defensa inciden en que aquella declaración en calidad de testigo fue declarada nula por el propio juzgado y no resultó ratificada al adquirir la condición de investigada, por lo que enmarcan la causa en una estrategia de desgaste y desprestigio personal hacia la labor del alcalde al frente del consistorio.
