El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha rechazado el archivo de la causa contra el alcalde José María García Urbano (PP) por un presunto delito de malversación de caudales públicos, tras considerar que existen “indicios suficientes” para continuar el procedimiento. La investigación se centra en la contratación de una mujer como funcionaria eventual durante febrero y marzo de 2023, quien habría cobrado más de 5.200 euros sin realizar actividad laboral alguna.
Próxima fase judicial
Según el auto judicial, el juzgado ha dado traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares —entre ellas el PSOE y VOX— para que “insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales”. Además, se ha acordado prorrogar el plazo de instrucción por seis meses “en relación con la posibilidad de solicitar nuevas diligencias”.
Esta decisión se produce tras la comparecencia celebrada la semana pasada, donde las defensas del alcalde y de la investigada solicitaron el sobreseimiento de la causa, petición que el magistrado ha desestimado.
Los hechos bajo investigación
El auto señala que la mujer fue contratada mediante decreto de Alcaldía del 13 de febrero de 2023 como asesora adscrita al Área de Control Externo del Ayuntamiento, cesando el 31 de marzo. Durante ese periodo percibió dos nóminas por importes de 1.634,64 euros netos en febrero y 3.642,28 euros netos en marzo.
Según la investigación judicial, la contratada habría declarado que “nunca realizó labor alguna, ni poseía despacho ni lugar habilitado para ello”. El magistrado considera que se trató de “una mera ficción jurídica” para proporcionar “mejora o ayuda económica” a través de fondos públicos.
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Posiciones políticas
Desde el PSOE de Estepona, la portavoz Emma Molina ha reiterado la exigencia de dimisión del alcalde, afirmando que “no se puede permitir que Estepona se relacione con casos de corrupción” y que “gastar dinero público de esta forma es algo inadmisible”. Los socialistas han pedido al PP andaluz que tome medidas.
VOX, que ejerce la acusación popular, ha centrado sus peticiones únicamente en el alcalde, al considerar que la mujer contratada no tiene responsabilidad penal en los hechos. El portavoz de esta formación, Manuel Aguilar, indicó que la devolución del dinero por parte de García Urbano “busca la atenuante de la reparación del daño causado”.
Respuesta del regidor
El alcalde García Urbano ha defendido públicamente su inocencia en varias ocasiones. En el pleno municipal del pasado 21 de noviembre afirmó que “solamente me apartaré cuando considere que he cumplido mi función, mi deber y mi obligación con esta ciudad o cuando los vecinos lo quieran, pero no por otras circunstancias, y menos de carácter político”.
Fuentes municipales han indicado que la prórroga de la instrucción permite al alcalde “defenderse y presentar pruebas de una acusación falsa”. Desde el Ayuntamiento señalan que García Urbano ha ingresado en las arcas municipales la cantidad objeto de investigación.
El equipo de gobierno municipal insiste en que “no existe ningún delito ni irregularidad” en las contrataciones realizadas y califica el procedimiento como “una inadmisible e injusta campaña política y mediática”.
El caso permanece abierto a la espera de que las acusaciones formalicen sus peticiones sobre la apertura del juicio oral en las próximas semanas.
