El convenio, firmado en 2005 durante el gobierno socialista, nunca se ejecutó debido a la contravención de la legislación urbanística andaluza, y las cantidades recibidas fueron utilizadas para gastos corrientes.
El Ayuntamiento de Estepona deberá abonar 1,2 millones de euros más los intereses derivados de un convenio urbanístico firmado en 2005 con una empresa para el desarrollo de la finca ‘Cortijo la Teja’. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que se señala que el convenio nunca se ejecutó y que el dinero entregado por la empresa fue utilizado para el pago de gastos corrientes, en lugar de ser destinado al desarrollo del proyecto
El TSJA ha condenado al Ayuntamiento de Estepona al pago de 1,2 millones de euros más los intereses correspondientes por las irregularidades en un convenio urbanístico firmado en 2005 con la empresa responsable del desarrollo de la finca conocida como ‘Cortijo la Teja’. El convenio, que requería una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, nunca se llevó a cabo debido a que contravenía la legislación urbanística de la región.
El dinero que la empresa entregó al municipio, un total de 1.225.242,99 euros, debió ser destinado a los aprovechamientos urbanísticos previstos en el acuerdo. Sin embargo, en lugar de utilizarlo para el desarrollo del proyecto, el gobierno socialista de la época empleó esas cantidades para cubrir gastos corrientes, entre ellos el pago de nóminas de los empleados municipales. Esta práctica fue declarada ilegal, ya que vulneraba la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
La reclamación de la empresa y la nulidad del convenio
La mercantil afectada por el convenio inició en 2017 acciones legales para obtener la nulidad del acuerdo firmado con el Ayuntamiento. Además, exigió la restitución de las cantidades entregadas junto con los intereses legales, al considerar que el Consistorio había incumplido gravemente los términos del convenio.
La sentencia judicial del TSJA destaca que, según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía aprobado en 2006, el desarrollo de este tipo de convenios estaba limitado. En concreto, se impedía el incremento del suelo urbanizable en más del 40 % del suelo urbano ya existente. La Corporación socialista, sin embargo, sobrepasó ese límite, lo que hizo inviable la ejecución del convenio en la finca ‘Cortijo la Teja’.
A pesar de la inviabilidad del proyecto, el gobierno socialista nunca resolvió el convenio ni devolvió las cantidades reclamadas por la empresa, lo que llevó a una serie de procedimientos legales que finalmente culminaron en la sentencia actual.
La deuda municipal
Este caso se suma a otros problemas financieros heredados por el actual equipo de gobierno encabezado por José María García Urbano. Cuando este asumió la alcaldía en 2011, el Ayuntamiento de Estepona enfrentaba una deuda histórica que ascendía a 304 millones de euros. Parte de esa deuda provenía de convenios urbanísticos irregulares firmados por los anteriores gobiernos socialistas, quienes destinaron el dinero recibido de las empresas al pago de gastos corrientes en lugar de a proyectos de desarrollo.
La deuda acumulada también incluyó más de 30 millones de euros en facturas impagas a proveedores. El actual equipo de gobierno ha tenido que crear un fondo de previsión de sentencias desfavorables para hacer frente a la cantidad de litigios por impagos en los que estaba inmerso el Consistorio.
A día de hoy, el equipo de García Urbano ha logrado reducir la deuda de manera significativa, pero los pagos derivados de las demandas de las empresas perjudicadas por convenios no ejecutados continúan siendo una carga económica para el municipio.
La sentencia del TSJA resalta las graves irregularidades cometidas durante la etapa socialista en la gestión urbanística de Estepona. Aunque el equipo de gobierno actual ha logrado mejorar la situación financiera del municipio, la resolución de estos litigios sigue siendo una prioridad, ya que continúan afectando las arcas municipales y la confianza de los ciudadanos en la gestión pública. La situación evidencia la importancia de una gestión más rigurosa y transparente de los recursos públicos y de los proyectos urbanísticos en el municipio.
[…] El TSJA condena al Ayto. de Estepona a pagar 1,2 millones por irregularidades en convenio urbanísti… […]
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