La Fundación Antonia Guerrero ha puesto en subasta notarial, en un único lote, siete parcelas del sector Saladavieja (oeste de Estepona) con un precio mínimo de 66 millones de euros y fianza del 10%. Las promotoras pueden presentar ofertas hasta el 16 de octubre de 2025 en una notaría local; los sobres se abrirán el 17. La fundación sostiene que la venta busca transformar patrimonio en recursos para intensificar becas y proyectos educativos y culturales en la ciudad.
Qué está pasando
La subasta afecta a un conjunto de suelos residenciales situados en el área de Saladavieja, conocida por muchos vecinos como la zona de Las Mesas. Se trata de siete parcelas agrupadas en un solo lote, con parámetros urbanísticos que permiten edificaciones de planta baja más dos y una capacidad total estimada de hasta 1.125 viviendas a desarrollar por fases en los próximos años.
El procedimiento elegido es la subasta notarial voluntaria, una fórmula que introduce reglas claras de concurrencia: precio de salida, requisitos de solvencia, depósito previo del 10% como garantía y un calendario público de presentación y apertura de ofertas.
Por qué se subasta
La justificación es de naturaleza fundacional. La Fundación Antonia Guerrero nació para facilitar el acceso a estudios superiores —con especial atención a las mujeres de Estepona— y promover la cultura y la educación en el municipio. Convertir suelo en liquidez, argumenta la entidad, permite acelerar la financiación de becas, ayudas y convenios, y evitar los riesgos y tiempos de una promoción inmobiliaria propia.
Desde el punto de vista formal, operaciones de este calibre requieren acuerdo del Patronato y autorización del Protectorado de Fundaciones de Andalucía, que supervisa que la enajenación sea oportuna, transparente y alineada con los fines. La documentación publicada por la fundación incluye el pliego de condiciones, el calendario y anexos urbanísticos del sector.
Las claves de la operación
Más allá de la cifra de salida (66 M€), la relevancia de Saladavieja reside en su madurez administrativa: el ámbito cuenta con tramitación avanzada —planeamiento, reparcelación y proyecto de urbanización—, lo que reduce incertidumbres para quien resulte adjudicatario. La venta se plantea en lote único, si bien el pliego permite ofertas conjuntas (uniones temporales de empresas), algo habitual en proyectos de esta dimensión.
En el debate público ha surgido una cuestión: ¿habrá VPO? El pliego de subasta no define el régimen de vivienda, que depende del planeamiento vigente y de las reservas legales aplicables al sector. En cualquier caso, el grueso del producto se orientaría al mercado libre, con tipologías y precios que se conocerán cuando la futura promotora presente sus proyectos.
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Impacto en Estepona
Economía y empleo. Una inversión agregada de esta magnitud —entre adquisición, urbanización, obra y comercialización— moviliza centenares de millones de euros a lo largo de varias fases, con empleo directo e indirecto en construcción, oficios y servicios locales. La actividad se extenderá previsiblemente durante varios ejercicios, con efectos también en municipios del entorno (Marbella, San Pedro, Manilva, Casares y Benahavís).
Infraestructuras. El desarrollo exige redes, accesos, electrificación y dotaciones, aspectos recogidos en la documentación urbanística. La ejecución efectiva de estas infraestructuras marcará el ritmo real de obra y entregas, un punto que la ciudadanía suele sentir de forma muy tangible en tráfico, servicios y paisaje urbano.
Retorno social vía fundación. Los estatutos de la entidad establecen que la mayor parte de los ingresos debe aplicarse a sus fines en un plazo tasado. Si la venta se materializa, la clave estará en cómo y cuándo se traducen esos recursos en convocatorias de becas, ayudas al estudio, programas culturales y posibles equipamientos en Estepona. La trazabilidad pública de esas decisiones —cuantías, criterios, beneficiarios— será determinante para valorar el beneficio real para la ciudad.
Legitimidad y voluntad de la fundadora
En el plano jurídico, la legitimidad se asienta en tres elementos: la voluntad fundacional fijada en los estatutos (impulsar la educación y la cultura en Estepona), la decisión del Patronato y un procedimiento de venta con concurrencia y control notarial; además, la autorización administrativa acredita que la operación es compatible con el interés fundacional.
En el plano material, el debate es más de fondo: vender patrimonio no traiciona la voluntad de Antonia Guerrero si esa venta acerca los fines —más y mejores becas, programas y proyectos locales— con mayor rapidez y seguridad que otras alternativas. La credibilidad de esta opción dependerá de los resultados que la fundación presente a corto y medio plazo.
La mirada crítica de la oposición
El PSOE de Estepona, con su portavoz Enma Molina, ha anunciado que explora vías legales para frenar la subasta. Su posicionamiento sostiene que el patrimonio legado debía revertir de manera más directa y visible en la formación de mujeres sin recursos y en el beneficio público del conjunto de los vecinos. Denuncian ventas previas “sin retorno para la ciudad” y califican la operación de Saladavieja como un posible “pelotazo urbanístico” en una de las mayores bolsas de suelo del municipio.
La oposición también defiende que estos terrenos forman parte del patrimonio histórico, social y económico de Estepona y plantea que deberían protegerse en consecuencia. Para que un recurso prospere, apuntan juristas consultados por este medio, sería necesario acreditar defectos de procedimiento o de fondo: desde tasaciones y motivaciones insuficientes hasta conflictos de interés no salvados, además de eventuales incumplimientos estatutarios en la aplicación de los recursos.
Antecedentes
La historia de la fundación se remonta al legado de Antonia Guerrero, vecina de Estepona fallecida en 1928, que quiso que su patrimonio sirviera para costear estudios, con especial sensibilidad hacia las mujeres del municipio. La entidad quedó formalmente constituida en los años noventa y desde entonces opera como fundación sin ánimo de lucro. Su Patronato —presidido por el alcalde— gestiona un patrimonio que ha incluido suelos en distintas zonas del término municipal, con operaciones de venta que han generado debate público sobre su oportunidad y retorno social.
Qué viene ahora
La cuenta atrás ya está en marcha: hasta el 16 de octubre se pueden presentar ofertas en la notaría designada y el 17 de octubre se celebrará la apertura pública de sobres. Si hay adjudicación, el sector iniciará una nueva etapa con la urbanización y, después, los proyectos de edificación.
Para los vecinos, la cuestión de fondo será doble: cómo impactará el desarrollo en su entorno inmediato (tráfico, servicios, paisaje) y cómo transformará la fundación el ingreso extraordinario en becas, programas y proyectos concretos y medibles en Estepona. Desde Estepona Info seguiremos la subasta, el resultado y, sobre todo, la aplicación práctica de los recursos a los fines para los que la fundación fue creada.
