La imagen se repite cada verano con precisión matemática. Las carreteras de la Costa del Sol se convierten en interminables serpientes de metal bajo el sol abrasador, los centros de salud desbordan su capacidad, y las infraestructuras municipales crujen bajo el peso de una población que se multiplica hasta por diez. El último episodio de este drama recurrente lo vivió Marbella hace apenas unos días, cuando más de 30.000 personas se desplazaron hasta el OMA Fest para disfrutar del concierto de Manuel Carrasco, provocando un colapso sin precedentes que dejó al descubierto las costuras de un modelo turístico que pide a gritos una revisión profunda.

Estepona: el microcosmos de un problema mayor

Estepona, con sus cerca de 80.000 habitantes censados, ejemplifica perfectamente el desafío al que se enfrentan los municipios costeros andaluces. Esta ciudad se duplica en el estío, una transformación que, según reconocen desde el Ayuntamiento, supone una repercusión muy positiva en la economía local y garantiza la estabilización del empleo para el resto del año. Sin embargo, el precio a pagar por esta bonanza económica es cada vez más elevado.

La tormenta perfecta: obras, peatonalizaciones y verano

Como si la masificación turística no fuera suficiente, Estepona ha añadido un ingrediente más a este cóctel explosivo: una ambiciosa transformación urbana que ha convertido la ciudad en un laberinto de obras. La controvertida peatonalización de la Avenida España, una de las arterias principales que atraviesa la ciudad de este a oeste por la franja costera, ha sido el proyecto estrella de esta transformación. Ejecutada entre 2022 y 2024, esta obra ha actuado sobre una superficie total de 37.435 metros cuadrados a lo largo de casi dos kilómetros.

La peatonalización, presentada como parte del proyecto “Estepona, Jardín de la Costa del Sol”, ha estado envuelta en polémica desde su inicio. Tanto PSOE como IU encabezaron recogidas de firmas y manifestaciones en protesta contra el proyecto, criticando que la peatonalización, que supondrá una grave afectación al tráfico de la ciudad, se haya hecho sin contar con la opinión de los vecinos y sin facilitar vías alternativas al tráfico rodado. Incluso llegaron a denunciar la ilegalidad de las obras, afirmando que no se había procedido a modificar el PGOU para cambiar la clasificación urbanística de la Avenida España.

La respuesta del Ayuntamiento a esta eliminación de uno de los principales ejes viarios ha sido la creación de una red de aparcamientos públicos a 1 euro al día. Una medida que, aunque aparentemente económica, ha generado más controversia que soluciones. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 2.300 plazas en cinco parkings públicos con este sistema, pero la realidad es que estas plazas resultan insuficientes para absorber el tráfico desviado de la Avenida España, especialmente en verano.

Como critican muchos residentes, estos aparcamientos son más un parche para turistas que una solución real para el ciudadano de Estepona que vive y trabaja todo el año. El trabajador local que necesita desplazarse diariamente por la ciudad se encuentra con que las principales vías están cortadas o en obras, y la alternativa es pagar por aparcar en zonas donde antes podía hacerlo gratuitamente. Mientras tanto, el turista ocasional se beneficia de un parking barato, pero contribuye al colapso general de la ciudad.

A todo esto hay que sumar que las obras no cesan. Actualmente, el Ayuntamiento continúa con nuevos proyectos de construcción de parkings subterráneos, remodelaciones de calles y mejoras en infraestructuras que, aunque necesarias a largo plazo, agravan exponencialmente el caos circulatorio durante los meses de máxima afluencia turística. El resultado es una ciudad que en verano se convierte en una ratonera donde los atascos kilométricos son la norma y no la excepción.

El municipio ha sido reconocido oficialmente como Municipio Turístico por la Junta de Andalucía, un reconocimiento que pretende equiparar el desequilibrio financiero ocasionado por la sobreprestación de servicios municipales motivada por la afluencia de turistas. Pero la realidad es que este reconocimiento, aunque necesario, resulta insuficiente ante la magnitud del reto agravado por las propias decisiones urbanísticas municipales.

Como explica el artículo del ABC que documenta esta situación, los servicios municipales se ven obligados a multiplicar sus esfuerzos: Se aumenta el número de operarios en estas áreas con idea de que se pueda atender mejor las demandas, especialmente en brigadas operativas, limpieza y playas. Pero incluso con estos refuerzos, la ciudad apenas logra mantener unos estándares mínimos de calidad en los servicios públicos, especialmente cuando las obras reducen la movilidad y complican aún más la logística urbana.

El efecto Marbella: cuando un concierto desnuda las carencias

El reciente concierto de Manuel Carrasco en Marbella se ha convertido en el símbolo de un sistema al borde del colapso. Los accesos a Marbella se colapsaron de tal modo que el recital tuvo que ser cambiado de hora (inicialmente 21:30 h a las 22:30 h) porque faltaba muchísimo público y el caos era absoluto en los alrededores de San Pedro.

Las consecuencias fueron devastadoras: Más de 8 kilómetros de retenciones se generaron, lo que afectó a muchos asistentes del concierto que no pudieron llegar a tiempo. Los taxis desaparecieron del mapa, los precios de Uber se dispararon por la alta demanda, y miles de personas quedaron atrapadas en una pesadilla logística que evidenció la fragilidad de las infraestructuras locales ante eventos multitudinarios.

A pesar de que desde la Policía Local de Marbella se desplegó un dispositivo especial con más de 40 efectivos, la realidad superó cualquier previsión. Este episodio no es un caso aislado, sino una evidencia más de los problemas de movilidad que atraviesa toda la Costa del Sol.

Los cinco jinetes del apocalipsis turístico

La crisis sanitaria

El problema más acuciante lo representa la atención sanitaria. Como reconoce José Carlos Hernández Cansino, alcalde de Punta Umbría, otro municipio que multiplica su población por diez en verano: Tenemos un solo centro de salud que está dimensionado para una población de 16.200 vecinos. En Chipiona, su alcalde Luis Mario Aparcero es aún más contundente: El principal asunto que no podemos atender es el sanitario, pues no tenemos tantos médicos para una población que crece de los 20.000 a los 190.000 habitantes en momentos de la temporada.

El colapso del tráfico: cuando las soluciones se convierten en problemas

Las infraestructuras viarias, diseñadas para poblaciones mucho menores, se convierten en cuellos de botella insalvables. Pero en Estepona, el problema se ha agravado exponencialmente por decisiones urbanísticas cuestionables. La peatonalización de la Avenida España ha eliminado una de las principales arterias de la ciudad, desviando todo el tráfico hacia calles secundarias incapaces de absorber tal volumen de vehículos.

El Ayuntamiento insiste en la necesidad de que el Gobierno central autorice los trabajos para crear un nuevo vial de acceso a la autovía desde la zona norte de la ciudad, mientras que la liberación de la autopista de peaje y la construcción del tren litoral siguen siendo promesas incumplidas. Pero mientras esperan estas soluciones a largo plazo, han implementado medidas que muchos consideran contraproducentes: obras constantes que reducen carriles, peatonalizaciones sin alternativas viables y un sistema de aparcamientos de pago que, aunque económico, no resuelve el problema de fondo de la movilidad urbana.

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La seguridad ciudadana

Hay problemas para garantizar la seguridad. Sumamos 46 policías locales y hemos contratado a diez nuevos, pero la demanda es de ciudad, lamenta el alcalde de Chipiona. Los municipios pequeños simplemente no pueden mantener plantillas dimensionadas para poblaciones que se multiplican estacionalmente.

Los servicios básicos al límite

La recogida de basuras debe triplicarse, con servicios de madrugada, mañana y tarde. La demanda de agua se multiplica y eleva a la máxima expresión de 20 a 21 horas, cuando todos deciden tomar la ducha después de una jornada de playa, provocando pérdidas de presión en infraestructuras ya de por sí mejorables.

La factura económica

Los vecinos soportan con sus impuestos las exigencias de un turista que demanda más calidad, más servicios. Los presupuestos municipales, calculados para poblaciones censadas, deben estirarse hasta límites imposibles para atender a masas de visitantes que no contribuyen directamente a las arcas locales más allá del consumo.

¿La solución veneciana? El debate sobre la tasa turística

Mientras los municipios andaluces lanzan su SOS, en Europa se exploran soluciones más atrevidas. Venecia, enfrentada a problemas similares de masificación, ha implementado una tasa turística que en 2025, el calendario de pago se ampliará a 54 días, cobrando entre 5 y 10 euros por visitante según si reservan con antelación o no.

La medida veneciana ha recaudado alrededor de 2,2 millones de euros en su fase de prueba, recursos que se destinan a servicios que ayuden a los residentes de la ciudad. Entre ellos figuran el mantenimiento, la limpieza y la reducción del coste de la vida. Otras ciudades europeas como Barcelona, Dubrovnik y Ámsterdam han adoptado políticas similares en años recientes.

Sin embargo, en España el panorama es muy diferente. Mientras Cataluña, pionera en instaurar la tasa en 2012, ha anunciado un incremento en los importes para los próximos años y Baleares reintrodujo la ecotasa en 2016, Andalucía mantiene una posición contraria. El presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, la rechaza categóricamente, a pesar de que alcaldes como los de Sevilla y Málaga defienden la idea.

La paradoja es evidente: la Costa del Sol, que cerró 2024 con cifras históricas que confirman su liderazgo como principal destino turístico de Andalucía, con 14,47 millones de turistas y unos ingresos de 21.223 millones de euros, no cuenta con mecanismos para que esa riqueza revierta directamente en la mejora de las infraestructuras que la hacen posible.

El Plan Especial: la propuesta de los municipios

Ante la negativa a implementar tasas turísticas, los municipios costeros proponen una alternativa: un Plan Especial del Gobierno. En Chipiona presentarán una moción en el pleno municipal de este mes de agosto para instar a las tres administraciones (ejecutivo central, Junta de Andalucía y Diputación) a otorgarle un tratamiento diferenciado, similar al que reciben Rota y Morón por albergar bases militares estadounidenses.

El alcalde de Chipiona lo expresa con una comparación muy gráfica: En el Rocío se monta un dispositivo especial, y Chipiona son dos meses de Rocío. Aquí hay más gente. La petición es clara: colaboración presupuestaria y auxilio económico para municipios que están, en sus propias palabras, “desbordados”.

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Mirando al futuro: sostenibilidad o colapso

El modelo turístico de la Costa del Sol se encuentra en una encrucijada. Por un lado, genera una riqueza innegable que sostiene la economía de toda la región. El empleo en el sector turístico experimentó un aumento significativo del 7%, con 137.408 personas ocupadas solo en 2024. Por otro, las infraestructuras y servicios públicos están llegando a su punto de ruptura, una situación agravada por decisiones urbanísticas que priorizan la estética sobre la funcionalidad.

El caso de Estepona es paradigmático: mientras se promociona como “Jardín de la Costa del Sol” con amplias zonas peatonales y espacios verdes, los residentes y trabajadores locales sufren las consecuencias de un tráfico cada vez más caótico. Los aparcamientos a 1 euro, presentados como una solución social, son vistos por muchos como un parche que beneficia más al turismo ocasional que a la población residente que necesita movilidad diaria.

La pregunta no es si el modelo actual es sostenible —claramente no lo es—, sino cuánto tiempo más podrán los municipios mantener este equilibrio imposible entre los beneficios económicos del turismo, las ambiciones urbanísticas de transformación y la calidad de vida de sus residentes. Como señala Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, existe un compromiso de seguir trabajando para promover la calidad frente a la cantidad, pero las acciones concretas parecen ir en dirección contraria.

Sin embargo, las buenas intenciones chocan con la realidad de unos municipios que cada verano se ven desbordados por una avalancha turística para la que simplemente no están preparados. La implementación de una tasa turística, aunque controvertida, podría proporcionar los recursos necesarios para mejorar las infraestructuras y servicios. Alternativamente, el Plan Especial propuesto por los municipios podría ofrecer el apoyo institucional necesario.

Lo que está claro es que el statu quo no es una opción. Los episodios como el colapso de Marbella tras el concierto de Manuel Carrasco no son anomalías, sino síntomas de un problema estructural que requiere soluciones valientes e innovadoras. La Costa del Sol debe decidir si quiere seguir siendo un destino turístico de calidad o resignarse a convertirse en víctima de su propio éxito.

El verano de 2025 ya está terminando, y con él, nos llevamos las reflexiones de los mismos problemas de siempre, agravados por nuevas decisiones urbanísticas que parecen ignorar la realidad del día a día. La diferencia es que cada año que pasa sin soluciones reales, el margen de maniobra se reduce. Los municipios costeros han lanzado su SOS, pero mientras esperan respuesta, continúan con transformaciones urbanas que, aunque bienintencionadas, pueden estar empeorando el problema que pretenden resolver.

Ahora corresponde a las administraciones superiores decidir si responden a la llamada o dejan que el paraíso turístico se convierta definitivamente en un infierno logístico cada verano. Pero también corresponde a los ayuntamientos reflexionar sobre si sus ambiciosos proyectos de transformación urbana son compatibles con la realidad de ciudades que multiplican su población cada verano.

Como reflexiona el alcalde de Chipiona tras más de tres décadas en el cargo: Estamos desbordados. Una confesión que resume perfectamente la situación de unos municipios que dan mucho más de lo que reciben, y que necesitan urgentemente un nuevo modelo que garantice tanto la prosperidad económica como la sostenibilidad social y medioambiental de la Costa del Sol. Un modelo que debe empezar por reconocer que no todas las soluciones pasan por grandes obras y transformaciones, sino por una planificación realista que tenga en cuenta no solo cómo queremos que sean nuestras ciudades, sino cómo pueden funcionar con los recursos y la población que realmente tienen.